Por la supuesta violación de los artículos 29 y 53 de la Constitución, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 7º (parcial) del Decreto-Ley 4057 del 2011, que suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La norma acusada establece que el régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor. De esta manera, señala el escrito, todos los servidores públicos en carrera ordinaria y especial del liquidado DAS perdieron los derechos de carrera administrativa a la que pertenecían, al ser incorporados automáticamente a otras entidades públicas creadas para asumir las funciones de ese organismo de inteligencia (demandantes: Diana Fernanda Trujillo Chávez y Nixon Torres Cárcamo).