La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que, al examinar la constitucionalidad de la reforma al Sistema General de Regalías, determine exactamente cuáles son los límites en el tiempo para demandar una reforma a la Constitución o acto legislativo. Para el Ministerio Público, no es claro a partir de cuándo se empieza a contar el año que tiene de plazo el interesado en recurrir a la acción pública de inconstitucionalidad; si es a partir de la publicación del texto, como lo señala el artículo 242.3 de la Constitución, o a partir del día siguiente, como lo señala el artículo 379, toda vez que la demanda a la reforma se produjo exactamente un año después de la publicación, el 18 de julio del 2012. Frente al análisis de la demanda, el Ministerio Público sugiere que la Corte debe inhibirse de examinar el fondo, por ineptitud sustancial.