La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la competencia asignada al Gobierno Nacional para establecer quién es el usuario industrial sujeto a la sobretasa por consumo de energía eléctrica beneficiario de descuento, contenida en el artículo 2 de la Ley 1430 del 2010. Según el Ministerio Público, la norma vulnera el principio de legalidad tributaria, sobre fijar el sujeto pasivo de una obligación, pues la reserva de ley es tan estricta que el Congreso de la República no puede otorgar facultades extraordinarias al jefe del Ejecutivo para esos asuntos, y menos aun mediante un reglamento que establezca el sujeto pasivo de un tributo.