La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles las expresiones “normalización social” y “normalización”, contenidas en los artículos 3 y 36 de la Ley 361 de 1997, que hacen referencia al propósito de la norma: buscar la “normalización” de las personas con discapacidad y su integración a la sociedad y al grupo familiar. Según el Ministerio Público, las expresiones atentan contra el principio de no discriminación. “Si bien sus capacidades pueden ser diversas, de esta circunstancia no puede seguirse que se trate de personas enfermas, defectuosas, incompletas, anormales o una carga social. Y no pueden seguirse tales consecuencias, porque son seres humanos dignos a los que su condición de diferentes no los hace ni menos ni más que a los otros”; señaló la Procuraduría.