La Procuraduría General de la Nación pidió condicionar la norma que fija la obligación de adoptar medidas para beneficiar el desarrollo educativo de la población sorda y sordociega. El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que module la norma para que se entienda que el Estado no solo se debe acudir a los intérpretes de lenguaje de señas, sino que es necesario que adopte otros medios o alternativas para quienes no se comunican por este medio. Así mismo, pidió que se ordene a las entidades territoriales a tomar medidas de planificación para garantizar el servicio en la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior para el acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo de esta población, incluyendo al Sena. Así mismo, sugirió que el Estado suministre los medios para que los padres y familiares de niños con dicha dificultad puedan aprender el lenguaje que les facilite la comunicación con ellos. Las normas que pide la Procuraduría que se condicionen están ubicadas en la Ley 982 del 2005, artículos 1, 3, 10, 24, 25, 28, 29 y 36.