La Procuraduría respaldó los medios de prueba exigidos para reconocer los beneficios contemplados en la reforma tributaria del 2010, al solicitarle a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 26 de la Ley 1430 del mismo año, que adicionó el Estatuto Tributario. Para el Ministerio Público, estos requerimientos cumplen con propósitos constitucionales que instan a la institucionalidad a frenar hechos delictivos amparados en la debilidad del control fiscal para la legalización de bienes procedentes de actividades ilegales. Según el concepto, excluir otros medios de prueba para reconocer costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables va en sintonía con los artículos 2º, 11, 34, 333 y 334 de la Carta Política. Además, consideró adecuado, a la luz de la Constitución, que “el Estado admita como pagos únicamente los realizados mediante determinados instrumentos del sector financiero y excluya, total o parcialmente, los pagos en efectivo y en otras formas, todo con el fin de evitar la evasión tributaria” (M. P. María Victoria Calle).