La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que permite evaluar las capacidades de candidatos a ocupar un empleo temporal cuando no sea posible designarlos a partir de la lista de elegibles para cargos permanentes (artículo 21 parcial de la Ley 909 del 2004). Para el Ministerio Público, la provisionalidad del nombramiento amerita la excepción de la aplicación del mérito como principio de selección. Según el concepto, ello indica que no le asiste razón al demandante cuando indica que la confianza sería el único elemento definitivo para exceptuar el reseñado principio de selección objetiva para designar funcionarios. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.