El Congreso de la República desconoció el principio de igualdad por haber fijado en el segundo grado la inhabilidad para los diputados, mientras que a otros funcionarios, como los congresistas, se les mantiene la inhabilidad hasta el tercer grado de consanguinidad, referente a tener vínculos de parentesco con funcionario que ejerza autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar inexequible la expresión “segundo grado de consanguinidad” y sustituirla por “tercer grado de consanguinidad, contenida en el artículo 33 de la Ley 617 del 2000, que señala el régimen de inhabilidades para los diputados. La corte acudió a la figura de la sentencia integradora sustitutiva, con el fin de crear las condiciones para que la decisión sea eficaz y garantice el respeto de la integridad de la Constitución (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).