La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, instaló el Comité para la depuración y racionalización del ordenamiento jurídico colombiano, instancia constituida con el fin de asegurar que la función normativa del Estado sea coherente, racional y simplificada. El ministerio indicó que se encargará de trazar los lineamientos y estrategias conjuntas para la depuración del ordenamiento jurídico, suprimiendo del mismo las leyes y demás normas que se encuentren en desuso o que hayan cumplido con la función específica para la que fueron creadas. La meta es que este año se pueda presentar un proyecto de ley al Congreso para prescindir de un número significativo de normas del ordenamiento jurídico colombiano. Además, señaló algunos ejemplos de leyes que serán eliminadas para evitar que se conviertan en un obstáculo para el desarrollo, como los artículos 696, 1180 y 1181 del Código Civil; el artículo 309 del Código de Régimen Político y Municipal; la Ley 21 de 1913 y la Ley 84 de 1913, entre otras.