Minhacienda resalta urgencia de ley para transferir competencias a entes territoriales

El proyecto de acto legislativo 437/24, actualmente en discusión en el Congreso de la República, tiene como objetivo fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios de Colombia. La propuesta incluye modificaciones a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, que regulan el Sistema General de Participaciones (SGP), y pretende otorgar más recursos a los entes territoriales, aunque dentro del marco de las normas fiscales vigentes y un análisis de sostenibilidad por parte del Ministerio de Hacienda.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda destacó la importancia de aprobar una ley de competencias antes de que se proceda a transferir nuevas funciones a las regiones. La principal preocupación es evitar un escenario en el que la Nación se vea obligada a distribuir más recursos sin un marco claro que defina las responsabilidades de los gobiernos locales. Esta postura se basa en los debates y modificaciones del proyecto, donde inicialmente no se contempló con claridad la relación entre la ley de competencias y la entrada en vigor del acto legislativo.

La discusión sobre la ley de competencias busca asegurar que los recursos transferidos a los entes territoriales estén acompañados de funciones claras, de manera que se garantice una descentralización efectiva sin poner en riesgo las finanzas públicas.

Uno de los puntos clave en este debate es el cumplimiento del artículo 334 de la Constitución, que establece que la orientación de la economía corresponde al Estado y su intervención debe estar dirigida a promover la productividad y competitividad regional. Este artículo también menciona que todas las intervenciones del Estado deben hacerse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, lo que refuerza la necesidad de un análisis profundo antes de aprobar la ley de competencias.

La aprobación del proyecto de reforma constitucional también contempla la modificación del Sistema General de Participaciones, que define la distribución de los ingresos de la Nación entre los entes territoriales. Esta iniciativa pretende mejorar la equidad en la distribución de recursos, pero siempre bajo el principio de que las competencias y funciones de los gobiernos locales estén bien definidas y respaldadas por el marco fiscal.

Así pues, Minhacienda subraya que la aprobación del proyecto debe ir acompañada de la presentación de una ley que regule las competencias territoriales y que asegure que la descentralización de recursos y responsabilidades se realice sin comprometer la estabilidad financiera del país.

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