Así lo decidió la Corte Constitucional al declarar exequible la norma que establece que así como el operador debe decretarla provisionalmente desde el inicio de la investigación de paternidad, también puede suspender la orden, si existe indicio de su exclusión (numeral 5º del artículo 386 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012). Para la accionante, este mecanismo generaba desprotección para el menor, pues consideraba que no existían mecanismos emergentes para bridarle la misma garantía, pero la Sala Plena coincidió con la solicitud de declaratoria de constitucionalidad elevada por la Procuraduría.