Este proyecto de ley ya había sido presentado en el año 2015, pero fue archivado por el tránsito de legislatura, situación que obligó a que la iniciativa se radicara de nuevo ante el Senado. Así, se autorizaría a todos los servidores públicos a participar en actividades y controversias políticas siempre y cuando las lleven a cabo fuera de las instalaciones de la entidad donde laboren y sin utilizar bienes del Estado o recursos públicos ni programas oficiales, y por fuera del horario laboral. El proyecto permitiría a los funcionarios a) participar en la preparación de propuestas de la campaña electoral, así como en eventos de carácter programático; b) asistir a debates, foros de discusión y encuentros en el marco de las campañas electorales; c) participar en simposios, actos públicos, conferencias, foros y congresos que organicen partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, así como en las convenciones de que trata el artículo 108 de la Constitución; d) apoyar una causa política o candidatos a cargos o corporaciones de elección popular con los que se identifiquen; e) usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se identifique. Sin embargo, los servidores que pretendan realizar otras actividades dentro de las campañas electorales distintas a las autorizadas por la futura ley, o dedicarse de tiempo completo a las mismas, deberán retirarse de sus cargos. El proyecto también señala las prohibiciones de los servidores dentro de las campañas, dentro de las cuales están difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político a través de televisión, radio o de impresos de cualquier naturaleza; coaccionar o determinar, en cualquier forma, a los empleados que estén a su cargo para que respalden alguna causa, campaña o candidatos políticos. El presente proyecto ya cuenta con ponencia positiva para primer debate, el cual se llevará a cabo en la Comisión Primera del Senado.