La Procuraduría General de la Nación concluyó que la norma que impide presentar recurso frente al rechazo de acciones de cumplimiento es constitucional. Para el Ministerio Público, esta restricción no excede los límites de la Carta, debido a que el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, en el que se consagra la herramienta jurídica, prevé la posibilidad de corregir los errores evidenciados por el ponente de la actuación, con un plazo de dos días, luego no se impide el acceso a la administración de justicia, ni se viola el derecho al debido proceso. Según esta norma, salvo el fallo, no procede el recurso de apelación frente a este tipo de acciones (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).