Durante la radicación del proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario ante el Congreso de la República, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró que la iniciativa plantea soluciones de carácter estructural para la situación de hacinamiento y que de ninguna manera estas medidas serán a costa de la ciudadanía. La propuesta pide que los entes territoriales asuman la responsabilidad que tienen por ley de atender a la población detenida de manera preventiva. “Hoy, en cárceles del orden nacional, hay alrededor de 40 mil personas, es decir, el equivalente a la sobrepoblación carcelaria. Si cada uno de los más de 1.100 municipios del país se hiciera cargo de los detenidos de manera preventiva, tendrían que tener a su cargo alrededor de 35 personas”, indicó. La funcionaria también destacó que el proyecto incluye la vinculación del sector privado a través de varios mecanismos. Uno de ellos permite la asociación público privada para la construcción de establecimientos de reclusión. Vale la pena recordar que en febrero fue presentada una propuesta de origen parlamentario que cuenta con 285 artículos y que también pretende modificar el Código Penitenciario del país.