La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), a través de la Circular Externa 23 del pasado 10 de diciembre, fijó la metodología de reconocido valor técnico que debe ser utilizada por las diferentes entidades públicas del orden nacional para calcular la provisión contable, respecto de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo. Así mismo, presentó las definiciones de los conceptos relevantes que se tratan en el documento. La metodología se basa en la Norma Internacional Contable 37 (NIC 37), sobre provisiones, activos y pasivos contingentes. Propone que las entidades públicas determinen la provisión contable únicamente para los procesos judiciales, conci­liaciones, extrajudiciales y trámites arbitrales, excluyendo los procesos de la jurisdicción constitucional (en teoría, se trata de obligaciones in natura que no afectan el rubro de sentencias y conciliaciones), las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia. Además, plantea que tras la notificación de la demanda se registre contablemente la información. En el evento en el que se profiera una sentencia y/o cuando en el proceso existan elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad de pérdida, se deberá actualizar la provisión contable. En todos los casos, deberán ser los abogados apoderados de cada proceso los encargados de evaluar la calificación del riesgo procesal y determinar la provisión contable, con el objetivo de que haya congruencia entre estos dos elementos.