La Procuraduría General de la Nación pidió que en el proyecto anticorrupción (P. L. 142/10S-174/10C) se incluya la posibilidad de extender la revocatoria directa a las decisiones de archivo, pues considera que una modalidad de corrupción que propiciaría la impunidad disciplinaria es que se profieran decisiones de archivo, que impedirían una posterior investigación de faltas disciplinarias. En su informe de proposiciones, el Ministerio Público solicitó que se ajuste el artículo 47 del proyecto para eliminar las dudas sobre quiénes tienen la calidad de sujetos disciplinables y se precise qué se entiende por administración de recursos públicos. Adicionalmente, reparó el aumento de uno a tres años del periodo de inhabilidad para los ex servidores públicos que gestionen intereses privados, pues lo consideró como una carga desproporcionada que debe limitarse a la entidad donde prestaron sus servicios, en acato a un fallo de la Corte Constitucional (Publicado en LEGISmóvil con el número C-893 del 2003).