De acuerdo con el Consejo de Estado, considerando lo dispuesto en el artículo 82 constitucional, es deber de la administración velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En ese orden, sostuvo que la franja de terreno circundante a la ribera de los ríos es considerada como espacio público, cuya protección, recuperación y vigilancia corresponde al Estado, quien debe reivindicar cualquier invasión u ocupación que de ellas se haga sin autorización alguna, lo cual le está atribuido concretamente a los municipios. De manera que los alcaldes y, en general, las autoridades administrativas, están investidos de facultades suficientes para lograr la restitución de los bienes de naturaleza pública, sentenció (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno).