Esta es la política para la reactivación y el crecimiento sostenible

La política pública de recuperación económica aprobada con el Conpes 4023 tiene por objetivo desarrollar capacidades en los hogares, el aparato productivo, el marco institucional y las herramientas digitales, para que, en el corto plazo, el país pueda retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por el covid-19.

Así, propone en diferentes frentes acciones integrales, complementarias y sostenibles en el tiempo y presenta el plan de reactivación “Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia”.

El primer frente (hogares) propone acciones encaminadas a vacunar a la población y lograr inmunidad al covid-19 (incluye la adquisición, almacenamiento, distribución y administración de una vacuna segura y eficaz atendiendo criterios de priorización que garanticen un acceso equitativo a toda la población); a reducir el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares y a mitigar la desacumulación de capital humano que ha acentuado la pandemia.

El segundo frente (sector productivo) formula acciones para reforzar su capacidad para transitar hacia una producción más sostenible y sofisticada, creando empleo e internacionalizándose.

El tercer frente (marco institucional) expone acciones para reforzar las capacidades institucionales necesarias para responder efectivamente a un proceso de reactivación.

El cuarto y último frente (desarrollo digital) plantea tareas para acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales.

Las acciones propuestas y consignadas en el plan de acción y seguimiento tendrán un horizonte de seis años empezando en el 2021 y finalizando en el 2026, con una inversión total aproximada de $ 3.8 billones.

Las acciones y componentes articulados en esta política de reactivación son habilitantes y complementarias. A esta financiación se suma la gran apuesta de inversiones del plan de reactivación Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, que propone recursos para inversiones por más de $ 135 billones en los sectores de edificación de vivienda, infraestructura, educación, petróleo e hidrocarburo, agropecuario, actividades artísticas, administración pública y servicios profesionales, entre otros.

Las principales acciones para beneficio de los hogares más vulnerables son las siguientes:

1. La integración y actualización de datos de la plataforma de transferencias monetarias y el registro social que incluye a la población migrante.
    
2. El seguimiento y la búsqueda activa de la población desescolarizada.
    
3. Los auxilios económicos para el pago de la matrícula de los jóvenes en instituciones de educación superior públicas.
    
4. El plan de información y divulgación sobre los beneficios y el proceso de vacunación contra la covid-19.

Entre las acciones de política para las empresas sobresalen:

1. La estrategia para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas al mercado de compras públicas.
    
2. La creación de una línea directa para que pequeñas y medianas empresas puedan solicitar créditos de máximo $ 2.500 millones, para pagarlos en hasta tres años de plazo.
    
3. El programa de asistencia técnica a Mipymes, cuyo fin es que estas empresas puedan cumplir estándares de calidad en mercados destino.
    
4. La estrategia de apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional.
    
5. El programa de apoyo empresarial orientado a la promoción y desarrollo de productos, procesos y servicios a partir de la biodiversidad y la biomasa.

Las acciones para fortalecer el gobierno incluyen:

1. Una plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas para la atención a la crisis.
    
2. El Sistema Único Integrado de Gestión Judicial (SUIGJ) y servicios digitales asociados.
    
3. El mejoramiento de los sistemas de información para anticipar los cambios atípicos en la ocurrencia del delito y en comportamientos contrarios a la convivencia.
    
4. El modelo de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech.
    
5. El Plan nacional de infraestructura de datos.

(Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 4023, 02/11/2021)