Ante la Corte Constitucional se radicó una demanda contra los artículos 16, 17, 19 y 20 de la Ley 1562 del 2012, que modificó el sistema de riesgos profesionales. A juicio del demandante, que el legislador no haya señalado los órganos superiores de dirección y administración, ni la forma de integración de las juntas de calificación de invalidez, vulnera los artículos 13, 25, 29, 53, 113 y 150 de la Constitución. Además, asegura que la estructura orgánica de estas entidades del orden nacional debió ser determinada directamente por el legislador, pero se delegó esta labor en el Ministerio del Trabajo, vulnerando el principio de autonomía. Por último, en el escrito se alega que la norma no contiene herramientas de transición que permitan a las juntas existentes soportar los cambios legales e infringe el principio de confianza legítima, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, el derecho a la igualdad y el principio non bis in ídem (demandante: Carlos Alberto López Cadena).