El Ministerio Público defendió la norma que otorga el carácter de libre nombramiento y remoción al cargo de procurador judicial, al solicitarle a Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-146 del 2012, en la que ese alto tribunal declaró exequible el artículo 182 del Decreto 262 del 2000. Según el concepto, la justificación de sus conclusiones radica, entre otros motivos, en el hecho de que estos funcionarios actúan ante los jueces de la República no de manera aislada, sino sometidos a la jerarquía del jefe del organismo de control; de allí que tales cargos deban ser ocupados por personal de confianza del Procurador General y no por funcionarios que llegan a estas instancias por concurso (M. P. Mauricio González Cuervo).