El traslado de las funciones de inspeccionar y vigilar a las asociaciones de pensionados que competían al Ministerio del Trabajo no tiene relación causal, temática, sistemática ni teleológica con el texto de la Ley de Formalización y Generación de Empleo y, por tanto, desconoce el principio de unidad de materia que debe cumplir toda ley. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 23 de la Ley 1429 del 2010 que estableció dicha modificación. Según el alto tribunal, lo que la disposición buscaba era hacer un traslado de competencias administrativas a los alcaldes del domicilio de las asociaciones de pensionados, sin que en ninguna parte del proyecto se haya mencionado como uno de los fines de dicha norma. Además, los propósitos de la ley no se ven impactados con la medida (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).