Al referirse a la Sentencia C-057 del 2010, la Sección Primera del Consejo de Estado respaldó la legalidad del artículo 22 del Acuerdo 01 del 2011 (que desarrolla el artículo 24 del Decreto 353 de 1994 y define las cuantías para acceder al subsidio de vivienda). Para el demandante, fijar valores diferentes a los subsidios para oficiales, suboficiales, personal ejecutivo, agentes y soldados profesionales vulnera los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y solidaridad. Sin embargo, el alto tribunal precisó que el carácter prestacional y no asistencial de los subsidios de vivienda en la fuerza pública lo diferencian del sistema de subsidio familiar de vivienda. Además, advirtió que “se trata de un sistema regulado en normas distintas (Ley 973 del 2005 y Ley 1305 del 2009) y que se basa en un mecanismo complejo que combina aportes del presupuesto nacional, aportes a cuentas individuales, rendimientos de ellos y reglas de permanencia en el sistema que lo diferencian del sistema general” (C. P. Marco Antonio Velilla).