Al publicar el contenido de la sentencia que revisó el proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, la Corte Constitucional reiteró su exhortación al Congreso para que, mediante tipos penales específicos o circunstancias de agravación punitiva, proteja la reserva de este tipo de información. Bajo esta perspectiva, la alta corporación declaró inexequibles los artículos 40 al 49 del proyecto de ley estatutaria 263/11S-195/11C. Adicionalmente, la corporación dejó sin efectos la norma que le permitía al Presidente de la República otorgar nuevas funciones a la junta de inteligencia conjunta (literal j) del artículo 13). A su vez, dejó por fuera del ordenamiento jurídico la posibilidad de que autoridades de policía judicial puedan entregar a los organismos de inteligencia resultados de los hallazgos de sus indagaciones y material probatorio allí recopilado sin violar la cadena de custodia, por considerar que se trata de una facultad exclusiva de los fiscales (M. P. Jorge Iván Palacio).