Al precisar que el actor se dedicó a describir la aplicación legal de algunas normas del Estatuto Tributario y no a evidenciar la violación de normas de la Carta Política, la Corte Constitucional se declaró inhibida para analizar de fondo la demanda a los artículos 292 y 292-1. La Sala Plena sostuvo que el primer requisito de procedibilidad para efectuar el examen constitucional es indicar con certeza la disposición legal acusada, como lo indica el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, lo cual no se evidenció en esta acción.