La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar ajustadas a la Carta Política de 1991 las facultades atribuidas a la Contraloría General para advertir riesgos de detrimento patrimonial en actividades en ejecución. Sus funciones de control, dice la misma norma, son posteriores a la ejecución del hecho identificado (ordinal 7º del artículo 5º del Decreto 267 del 2000). El Ministerio Público sostuvo que estas labores de advertencia no son ajenas al funcionamiento del organismo porque, al no tener grado vinculante, no suponen que se ejerza una coadministración frente a las entidades encargadas de las actuaciones que son materia de sus llamados de atención; en su criterio, se trata del desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado que, en este caso, obliga a esta entidad a contribuir a la eficiencia de la función pública. La ponencia será proyectada por la magistrada María Victoria Calle.