El Consejo de Estado sostuvo que solicitar una prueba pericial para demostrar suplantación de electores pretende la preconstitución de una irregularidad objetiva. Agregó que los presupuestos del cargo deben ser planteados desde la postulación y no buscar la prueba para demostrar su ocurrencia, pues estas actuaciones solo pueden resolverse a partir de la información disponible. De ahí que la sala, en el caso examinado, haya considerado que el juez electoral sí decretó la prueba solicitada por el actor, para verificar la supuesta suplantación, pero que existía un obstáculo insalvable para adelantar el cotejo grafológico entre los formularios E-10, E-11 y E-14, debido a que no se contaba con los patrones de las firmas de los jurados y que estos documentos son formatos, que disponen de la información escueta de los electores, sin sus firmas (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).