En el mes de julio del 2014, el Gobierno devolvió, por razones de inconveniencia, el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, artículo 35) que permitiría reelegir al Auditor General de la República. La comisión nombrada para estudiar la posición del Ejecutivo indicó que el Legislativo debe rechazar las objeciones y que el Presidente del Congreso puede sancionar la ley. El argumento de los congresistas es que luego de enviar el proyecto para sanción el Gobierno no firmó la ley ni la objetó dentro de los términos previstos.