Al inhabilitar de por vida para el ejercicio de funciones públicas al exgobernador del Casanare Whitman Herney Porras, la Corte Suprema de Justicia materializó la norma que impide a personas condenadas por delitos que afecten el patrimonio estatal desarrollar funciones oficiales. La Sala Penal resaltó el contenido de parte del artículo 122 de la Constitución, que indica que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. A Porras le fue impuesta una condena de 18 años de prisión y una multa de $ 29'475’000.000, por peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y por la cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición de recursos derivados de patrimonios autónomos. Por concepto de perjuicios materiales, la Corte condenó a Fidupetrol S. A. al pago solidario a favor de la gobernación (M. P. Leonidas Bustos).