El Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional que impulsa el Gobierno en el Congreso acaba de recibir ponencia favorable para tercer debate. Esta propuesta establecería las clases de arbitraje, de acuerdo con quien lo conduzca, ad hoc o institucional, y la cuantía, será mayor si versa sobre pretensiones superiores a los 400 salarios mínimos mensuales y de menor cuantía en los demás eventos. Además, se determinarían tres clases de laudo: en derecho, en equidad o técnico. A los árbitros se les prohibiría desempeñarse simultáneamente en más de cinco tribunales en donde sea parte el Estado o una entidad pública y se les establecería un tope de mil salarios mínimos mensuales para los honorarios.