Más de un año después de tomada la decisión, el alto tribunal constitucional atribuyó a un error permitir a un magistrado, al cual se le había admitido el impedimento para conocer, participar en la discusión y votar favorablemente la ponencia. Al encontrar que dicha situación reduciría el número de votos favorables a cuatro, la Sala decidió dejar sin efectos la Sentencia C-825 del 2013, para que el magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza, vuelva a presentar el proyecto de fallo. En ese expediente, el D-9537, la Corte se había declarado inhibida para juzgar de fondo el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por considerar que no se reunían los requisitos mínimos que permitían la activación excepcional de la acción pública de constitucionalidad para valorar la interpretación judicial de una norma legal (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).