La Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 53 del Decreto 1029 de 1994, que reguló el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Esta disposición concretamente establecía la posibilidad de que los beneficiaros pudieran obtener un 75% de las partidas computables al cumplir 20 años de servicio, con la posibilidad de incrementar dicho monto en un 2 % por cada año adicional de servicios, sin exceder el 100 % de tales partidas. Según el alto tribunal administrativo, este artículo fue expedido con exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria de que trata el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política, al haber reglamentado la asignación de retiro sin que la ley marco que regula la materia lo hubiera habilitado para ello, con lo cual el Ejecutivo incurrió en la causal de nulidad de desconocimiento de las normas en que debió fundarse (C.P. William Hernández).