2011, el año del CPACA, el Estatuto del Consumidor y la Ley de Víctimas

En el 2011, el país dio un paso determinante en la consolidación del sistema de reparación a las víctimas del conflicto armado interno, a la vez que reconoció su existencia y la importancia de implementar procesos de reconciliación.

 

Así fue como se sancionó la Ley 1448 del 2011 y con ella inició toda una revolución en materia de protección de derechos de quienes han sufrido las consecuencias de la guerra.

 

También se estrenó el Estatuto del Consumidor, que trajo novedosos mecanismos para proteger los derechos de los ciudadanos frente al abuso o incumplimiento de los proveedores de bienes y servicios.

 

En materia procesal, la Ley 1437 del 2011 representó el inicio de la oralidad e inmediación en materia procesal y contencioso administrativa, a la vez que creó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

 

 

El año de las reformas

 

Pese a la expectativa que a mediados del 2010 creó la Ley de Descongestión Judicial (Ley 1395/10), el Gobierno continuó en la búsqueda de medidas para aliviar la carga de los operadores judiciales. De hecho, ese fue uno de los puntos que motivó la reforma a la justicia que ocupó el debate jurídico en el 2011.

 

Mientras tanto, algunos artículos de la Ley 1395 pasaron por el examen de la Corte Constitucional. Las normas destinadas a descongestionar la justicia laboral fueron las que salieron peor libradas, pues el alto tribunal declaró inexequibles la regulación de la competencia por razón del lugar, la posibilidad de ordenar el pago anticipado de las pretensiones sobre derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, el aumento de la cuantía para recurrir en casación y la multa por promover demandas de casación que no reúnan requisitos.

 

Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

 

Las novedades fueron numerosas con la Ley 1437 del 2011 (CPACA): la inclusión de un régimen sancionatorio, la adopción de procesos orales, la agilización de trámites, la incorporación de los avances tecnológicos y la creación de un recurso de unificación jurisprudencial en cabeza del Consejo de Estado, entre otras.

 

 

Las esperanzas sembradas por la Ley de Víctimas

 

Gobierno y Congreso acertaron al calificar la Ley 1448 del 2011 de histórica. Razones hay para compartirlo: el hecho de que el Gobierno haya reconocido el conflicto armado en Colombia, la atribución de responsabilidad a agentes del Estado, el plan de restituirle las tierras a los desplazados por la violencia, los recursos que tendrá que destinar el Estado para indemnizar a las víctimas y el protagonismo que estas asumieron luego de una Ley de Justicia y Paz que privilegió a los victimarios.

 

El revolcón al Estado

 

A través de la Ley 1444 del 2011 se revivieron los ministerios de Justicia y del Derecho, de Salud y el de Vivienda, Ciudad y Territorio. De esta forma, el Gobierno acumuló 16 carteras.

 

Esta norma también creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y le concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses para reformar al Estado.

 

Cambian las reglas del consumidor

 

Después de 30 años y varios intentos fallidos, el Congreso sacó adelante un nuevo régimen de protección de los consumidores colombianos. La Ley 1480 del 2011 remplazó el Decreto 3466 de 1982 y ajustó sus disposiciones a la realidad comercial del siglo XXI, a los principios constitucionales y a las pautas que ha fijado la jurisprudencia en materia de protección al consumidor.

 

 

Masacres cometidas por paramilitares son delitos contra el derecho internacional humanitario

 

Por primera vez, desde que comenzaron los procesos de Justicia y Paz, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoció que las masacres cometidas por paramilitares no son homicidios ordinarios, sino verdaderos crímenes internacionales cometidos en un conflicto armado, que deben castigarse bajo el imperio del derecho internacional humanitario (DIH).

 

Parejas del mismo sexo forman una familia: Corte Constitucional

 

La idea de que el artículo 42 de la Constitución Política solo protege a la familia monogámica y heterosexual ya no tiene cabida en el derecho colombiano. Al examinar la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil que regula el matrimonio, la Corte Constitucional reconoció que la familia puede manifestarse de diversas formas, y decidió que no hay ninguna razón jurídica para negar este derecho a las parejas homosexuales.