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100 días de Iván Duque, expectativa por las grandes reformas

15 de Noviembre de 2018

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Se cumplen 100 días de la presidencia de Iván Duque y es costumbre en el país hacer un balance de su trabajo. Precisamente, el Gobierno realizará, el próximo sábado, una rendición de cuentas de cada uno de los sectores.

 

 

 

 

Generalmente, se espera una avalancha normativa en los primeros días de los presidentes. Sin embargo, Duque ha sido moderado, pues en su mayoría ha expedido normas relacionadas con nombramientos, como sus ministros y directores de departamentos administrativos, aunque vale mencionar algunas disposiciones de mayor interés jurídico.

 

Este nuevo Gobierno reglamentó el funcionamiento del Consejo nacional de la economía naranja a través del Decreto 1935 del 2018, uno de los pilares económicos de su Gobierno.

 

Por otra parte, con el Decreto 1714, el Presidente ajustó las funciones asignadas a la Vicepresidencia en el 2017. Inicialmente, le devolvió al despacho la misión de ejercer la supervisión funcional de los sectores de transporte e infraestructura. Además, le asignó otros temas puntuales como: brindar asesoría al Presidente en asuntos de competitividad y desarrollo empresarial y coordinar el apoyo intersectorial e interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y políticas para la población en situación de discapacidad. En total fueron 13 las funciones asignadas.

 

Pero sin duda alguna el decreto más polémico es el 1844, reglamentario del Código de Policía y Convivencia (Ley 1801 del 2016), una norma de naturaleza administrativa, no penal, que autorizó a la Policía a confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público. Es de precisar que contra la norma ya cursan demandas por su supuesta inconstitucionalidad. (Lea: Arranca decomiso de dosis mínima que se porte en el espacio público)

 

Por otro lado, ante el complicado panorama fiscal, mediante la Directiva Presidencial 09, el mandatario dictó medidas de austeridad en la administración pública con las que espera ahorrar más de $ 6 billones en su cuatrienio, empezando el 2019 con un ahorro de $ 1,2 billones. Entre otras directrices de ahorro se refiere a limitar la modificación de plantas de personal y la reducción de contratos de prestación de servicios; la de comprar de tiquetes aéreos y la entrega de viáticos; reducción de delegaciones oficiales, eventos y capacitaciones; esquemas de seguridad; uso de vehículos oficiales y ahorro en publicidad estatal. (Lea: Con estas 10 medidas de austeridad el Gobierno espera ahorrar $ 6 billones)

 

Otras normas expedidas se refieren a la creación de una instancia de alto nivel para coordinar la acción de defensa exterior; racionalización de tramites; directrices para hacer uso de la iniciativa legislativa y tramitar ante el Congreso de la República disposiciones de orden constitucional y legal; medidas para garantizar el aseguramiento en salud y disposiciones para que los superintendentes puedan ratificarse en sus cargos sin necesidad de convocatoria ni de nombramiento.

 

Como se ve, normativamente no ha habido grandes transformaciones, pero recordemos que en el tema de erradicación de cultivos ilícitos el jefe de Estado anunció la posibilidad de regresar a la aspersión con glifosato, aunque no se ha tomado decisión definitiva. (Lea: Esto dice la jurisprudencia sobre la fumigación con glifosato)

 

Vale finalizar este recorrido indicando que la única ley sancionada es el Convenio con el Reino Unido para evitar doble tributación. Falta tiempo para que las reformas legales de Duque culminen su tránsito legislativo, pero revisemos cómo van sus propuestas en Congreso.

 

Paquete anticorrupción

 

El Gobierno Duque inició su ejercicio con una coincidencia que se convirtió en oportunidad política. Si bien la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral, su alta votación le dio aire a un tema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos.

 

Luego de convocar a las fuerzas políticas, Duque radicó varias iniciativas de reforma a la Constitución Política relacionadas con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, una reforma política, otra propuesta para hacer pública la declaración de renta de los servidores públicos y la limitación de permanencia en los cuerpos colegiados de elección directa.

 

Así mismo, radicó un proyecto de ley para hacer obligatorios los pliegos de tipo en toda licitación pública y evitar la manipulación y el direccionamiento de las licitaciones en la contratación pública. La iniciativa, que modificaría el artículo 4º de la Ley 1882 del 2018, fue aprobado recientemente en la Comisión Primera del Senado.

 

Pero, desafortunadamente, el impulso que se preveía para los proyectos se fue diluyendo y surgieron las críticas de los promotores de la consulta, a lo que el Gobierno respondió con mensaje de urgencia y su compromiso para que no se archiven las propuestas. Algo definitivo fue el hundimiento de la propuesta que imponía un límite a los salarios de los congresistas y la restricción a tres periodos para funcionarios de elección popular.

 

Reforma a la justicia

 

A la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, le gusta poco la reforma a la justicia que va quedando luego de los dos debates surtidos en el Senado. Recordemos que esta propuesta fue presentada por su cartera y tenía 31 artículos, pero en el tránsito legislativo se le han quitado aspectos centrales, como su planteamiento de la reforma a la tutela o la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Eso sí, avanza la obligatoriedad del precedente judicial y el aumento del presupuesto de la Rama Judicial en el porcentaje que cada cuatro años defina el plan nacional de desarrollo.

 

Otro aspecto importante que continúa en la propuesta es el arbitraje legal, herramienta que busca lograr la descongestión judicial y llevar la justicia a la ciudadanía a través del fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos.

 

Ley de financiamiento

 

El pasado 17 de octubre, el Congreso aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2019 por $ 258,9 billones, lo que motivó, a su vez, la presentación de un proyecto de ley de financiamiento que, en palabras del Gobierno, permitirá subsanar el faltante de $ 14 billones en el presupuesto del año entrante.

 

Una de las propuestas que más reacciones ha generado de esta reforma tributaria es la que busca ampliar el cobro del impuesto sobre las ventas (IVA) del 18 % a los productos de la canasta familiar y crear, en contrapeso, una compensación en favor de los hogares con menores ingresos, es decir, aquellos cuyos ingresos mensuales están por debajo de la línea de pobreza certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

 

Y aunque el Ejecutivo dice que garantiza la devolución para los estratos más bajos, la propuesta de gravar la canasta familiar no ha calado en el Legislativo. A esta hora se trabaja en una ponencia que será fundamental para los programas de Gobierno de Duque.

 

Otras reformas claves que pueden mencionarse son la modificación los porcentajes de regalías de los municipios y departamentos productores de minería e hidrocarburos, de manera que sean más equitativos, dándole prioridad a los sectores que requieren mayores inversiones en educación, salud y agro. Esta iniciativa pasó el segundo debate. Y acaba de radicarse un proyecto que cambios en las corporaciones autónomas regionales (CAR), para reforzar en sus órganos de dirección y administración la gobernabilidad, transparencia y gestión pública.

 

El próximo año se conocerá el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, en el que se tienen proyectadas inversiones por $ 1.100 billones, casi la mitad de recursos se destinará a programas y políticas de equidad, dijo el mandatario ayer, y espera que el crecimiento potencial de la economía colombiana pase del 3,3 % al 4,1 %.

 

Pues afirmarse que es muy pronto para perfilar un Gobierno que apenas inicia, pero los anteriores temas muestran aspectos centrales de lo que el presidente Iván Duque considera debe reformarse para afrontar un cuatrienio lleno de retos económicos, de seguridad y especialmente jurídicos.

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