La Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones encaminadas a proteger los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, vulnerados, según la acción popular, por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (hoy, Agencia Nacional de Tierras) al expedir los actos administrativos que adjudicaron algunos predios, en violación a los topes determinados por la resolución que fijó las unidades agrícolas familiares. En ese escenario, recordó que el derecho a la defensa del patrimonio público alude, por una parte, a la eficiencia, así como a la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos y, por la otra, a la utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y a la finalidad del Estado social de derecho. Bajo esa premisa, concluyó que solo se entiende vulnerado cuando resulta afectado por su manejo y administración inadecuada (C. P. Hernando Sánchez).