El objetivo del Decreto-Ley 019 del 2012 era suprimir o reformar algunos trámites que se adelantan ante la administración pública. No obstante, recientemente, se radicó una demanda de inconstitucionalidad que ataca el artículo 90 de esa norma, por la supuesta creación de un trámite innecesario. La referida disposición prevé que cuando las partes, en el acta de conciliación extrajudicial a que se refiere la Ley 640 del 2001, acuerdan transferir, gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad o reales sobre bienes inmuebles, el cumplimiento de lo pactado se hará mediante documento público suscrito por el conciliador y por las partes conciliadoras. A juicio de los demandantes, la disposición acusada crea un trámite no previsto ni en la Ley 640 ni en la Carta Política (Demandantes: Adelaida Portilla Lizarazo, Vilma Soledad Buitrago y otros).