Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia al recordar que el artículo 5º de la Ley 282 (literal a)) de 1996 establece que el fiscal respectivo es uno de los funcionarios que dirige esas acciones unificadas (en lo de su competencia), en las que también participa personal militar y de Policía. En este caso, dice la Sala, las órdenes de captura no fueron emitidas por la comandancia general del Ejército sino por el representante del ente acusador delegado ante el Gaula, lo que desvirtúa su ilegalidad. Por otra parte, recordó que, en cumplimiento de los artículos 83 y 86 del Código Penal del 2000, la acción penal, en la etapa de juicio, prescribe en un tiempo equivalente a la mitad de la pena a imponer, contado desde la ejecutoria de la resolución de acusación (M. P. Leonidas Bustos).