Por presuntas irregularidades en un proceso de selección para elaborar una matriz de riesgos para las sedes de establecimientos educativos oficiales, con un presupuesto de $ 51.552 millones, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Gobierno Duque.

De acuerdo con el órgano de control, los investigados son los que para el 2020 ocupaban los siguientes cargos: vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Jaime Abril Morales; viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón; delegado del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Hernández; y el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Paul Ricardo Díaz, ya que fueron ellos quienes votaron de manera positiva para la adjudicación del contrato, pese a que la firma favorecida había presentado un certificado de experiencia falso.

Para el Ministerio Público, “no es clara la manera como la entidad absolvió las observaciones presentadas frente al certificado de experiencia presuntamente falso, el cual habría sido presentado por quien resultó adjudicatario del contrato”.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales necesarias para continuar con la investigación.