Así lo aseguró la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que la profesión de la abogacía tiene una profunda incidencia social y además una responsabilidad concomitante con la buena marcha de la administración de justicia y con la construcción de un orden justo. Para la Corporación, los abogados son colaboradores de la justicia y en muchos casos son la vía obligada para ejercer el derecho a acceder a ella, tal como lo indica el artículo 229 de la Constitución Política, y de su buen desempeño depende la realización de la justicia, la convivencia, a través de la resolución judicial y extrajudicial de conflictos y la efectiva protección de los derechos fundamentales. En el caso concreto, se sancionó a un abogado que presentó dos demandas idénticas, pese a que la primera de ellas se resolviera desfavorablemente, lo que violó el artículo 30 de la Ley 1123 del 2007 (M.P. José Ovidio Claros).