El avalúo es el proceso técnico mediante el cual se determina el valor de un bien, ya sea mueble o inmueble, para establecer su precio en el mercado o para fines fiscales. Sin embargo, existen diferencias clave entre el avalúo catastral y el comercial, que varían principalmente en su propósito y metodología.

El avalúo comercial se refiere a la valoración de un bien específico, con el objetivo de determinar su valor real en el mercado, mientras que el catastral tiene fines fiscales y administrativos, siendo una valoración masiva de propiedades en una zona determinada. (Lea: Documentos y pasos clave para tramitar avalúos comerciales urbanos y rurales)

El avalúo comercial se realiza de manera puntual y detallada, considerando características únicas de la propiedad, como ubicación, tamaño, estado de conservación y otros factores específicos que afectan su valor en una negociación libre. Este tipo de avalúo es crucial para la compra, venta o hipoteca de un inmueble, ya que refleja su valor real en el mercado. Además, se establece en función de las condiciones del entorno y la oferta y demanda del sector inmobiliario.

Por otro lado, el avalúo catastral se efectúa con un enfoque generalizado y masivo, en el cual se determina el valor de múltiples propiedades dentro de un área para fines fiscales. Este valor se usa principalmente para el cálculo de impuestos y la administración territorial. Aunque también se toma en cuenta la ubicación y características de las propiedades, su valor siempre será inferior al del avalúo comercial, con un margen que no debe exceder el 60 % del valor comercial. Este tipo de avalúo se realiza con la finalidad de asegurar una correcta recaudación de impuestos y un adecuado control del inventario predial municipal.

Así pues, la principal diferencia entre ambos tipos de avalúo radica en su finalidad y la forma en que se determinan. El avalúo comercial tiene como objetivo establecer el precio real de un bien para transacciones en el mercado, mientras que el catastral se utiliza para determinar el valor fiscal y administrativo de las propiedades en una región determinada. Ambos son fundamentales en la gestión inmobiliaria y fiscal, pero responden a necesidades y procedimientos diferentes dentro de la administración pública y el sector privado.

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