La iniciativa cuenta con informe de ponencia positiva para primer debate en el Senado de la República, y busca fortalecer las medidas de protección de los niños y adolescentes en el marco de la Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política. El centro de la reforma se encuentra en el refuerzo de garantías en torno al procedimiento judicial especial para niños y adolescentes que sean sujetos pasivos de la acción penal. Así las cosas, se prevé un trámite preferencial para que los jueces sustancien en turno riguroso y de manera primordial los litigios en los que sean sujetos procesales o sujetos de protección menores de edad, estos solo podrán ser pospuestos para la atención de tutelas. En concreto, para la acción penal se establece un término procesal preferencial y perentorio respecto de la indagación que antecede la audiencia de formulación de imputación de cargos y, en caso de convertirse en ley de la República, no podrá en ningún caso superar el término de seis meses, contados a partir de la noticia criminal.