El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión del ejercicio profesional por un año a un abogado que incurrió, principalmente, en la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007, a título de dolo. Cabe aclarar que se configura esta falta cuando un jurista no entrega a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o por la demora en la comunicación de este suceso. Según reseña la providencia, el disciplinado fue contratado por $ 10 millones para iniciar un proceso de muerte presunta y, de esta forma, adelantar la respectiva sucesión. Sin embargo, no desplegó ninguna gestión y retuvo la documentación entregada para la realización del encargo contratado (M. P. Julia Emma Garzón).