Una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concluye que los usos y prácticas agrarias de los suelos tienen obligación de compaginarse frente a las medidas constitucionales de atenuación de los efectos del “calentamiento global”, proceso que ha desencadenado en el planeta cambios climáticos con consecuencias devastadoras para la especie humana, animal y vegetal. De ahí que este tipo de usos y prácticas tienen que ajustarse con la Constitución Política de 1991 y el bloque de constitucionalidad (M. P. Luis Armando Tolosa).