El Consejo Superior de la Judicatura consideró que era la jurisdicción ordinaria y no un juez contencioso administrativo la competente para resolver una demanda contra el partido Liberal y las autoridades electorales por no haber incluido el voto en blanco en la consulta en la que resultó elegido como candidato a la Presidencia de la República el hoy ministro del Trabajo, Rafael Pardo. Se trata de una acción popular que, según la Sala Disciplinaria, debe ser resuelta por un juez civil de Bogotá, por considerar que se trata de un asunto privado, teniendo en cuenta que una de las partes, el partido Liberal, es un particular. La demanda también va dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.