La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos de una ciudadana y de su hijo menor de edad porque la multa que le fue impuesta por incumplir la medida de protección dictada en un proceso de violencia intrafamiliar se convirtió en un arresto de seis días.

La tutelante es madre cabeza de familia, tiene un niño de ocho años a su cargo, no tiene familiares cerca y presenta una difícil situación económica. Además, había pedido que se le permitiera cancelar la sanción en cuotas, es decir, demostró su voluntad de cumplir. Pero también solicitó que se le permitiera cumplir el arresto en su domicilio, todos estos hechos fueron ignorados por el funcionario judicial.

Para la alta corte, la falta de solvencia económica de quien es multado por desobedecer una orden de protección pero demuestra interés en cumplirla y modifica su comportamiento no equivale al incumplimiento voluntario de la sanción.

De modo que las decisiones de la comisaría y del juzgado de familia de sancionar y confirmar la sanción de arresto por el incumplimiento de la medida de protección sin tener en cuenta su condición vulneran derechos fundamentales. En casos como estos la conversión de la multa en arresto es una última opción para el funcionario judicial (M. P: Francisco Ternera Barrios).