Varios congresistas y organizaciones campesinas demandaron por inconstitucional la Ley 1776 de 2016, que crea y desarrolla las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres. La demanda ataca varios artículos de fondo, así como la totalidad de la ley por vicios de forma. Según lo sostienen los accionantes, la disposición acrecienta las desigualdades extremas que existen en Colombia para el acceso a la tierra. A su juicio, si los baldíos se destinan de manera indefinida para los proyectos productivos, las tierras no estarán disponibles para la población vulnerable, esto es, los campesinos, los trabajadores agrarios, mujeres rurales y jóvenes rurales. En sus palabras, el artículo 2 de la ley crea condiciones jurídicas inmodificables para quienes sean los beneficiarios de estos proyectos (demandantes: Alirio Uribe y otros).