Varias observaciones fueron presentadas por la Procuraduría General de la Nación al “Protocolo para la aplicación de las medidas de restablecimiento de derechos en el proceso administrativo”, diseñado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cumplimiento de la Sentencia T-844 del 2011. Según el Ministerio Público, es necesario que el protocolo especifique, según los criterios de diferenciación y protección de niños y adolescentes, lo concerniente a cada una de las medidas de restablecimiento de derechos señaladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Respecto al término “estudio socio familiar” que el protocolo establece como directriz, el ente de control considera primordial determinar qué significa, pues en su concepto difiere de lo que es una visita social.