Un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia  recuerda que el amparo de pobreza constituye una garantía real y efectiva para que los ciudadanos que no cuenten con la solvencia económica para sufragar los gastos propios del proceso no vean cercenadas sus posibilidades de acceder a la administración judicial. De esta forma, y resolviendo el caso concreto objeto de estudio, la Sala concluyó que cualquiera de las partes podrá solicitarla dicho amparo durante el curso del proceso (M. P. Luis Alonso Rico).