Gastos periciales no siempre están a cargo de quien solicita la prueba

Con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó la práctica de una prueba pericial que el tribunal de primera instancia declaró como desistida porque no se pagaron los gastos.

A juicio del alto tribunal, el asunto encuadra dentro del numeral primero del artículo 214 del Código de Procedimiento Civil, ya que si bien la prueba fue solicitada y decretada, no fue practicada.

En el caso analizado, a pesar de que el juez decretó el peritaje solicitado por el demandante, fijó los gastos a cargo de la entidad pública demandada.

Según la providencia, durante la primera instancia se le concedió al demandante el amparo de pobreza, porque no contaba con la capacidad económica para atender los gastos del proceso.

Como la parte demandada no impugnó el auto que decretó las pruebas y fijó los gastos, la decisión judicial está en firme, señaló la Sección.

Por estas razones, le corresponde al demandado asumir los gastos de la pericia, en virtud del principio de lealtad procesal y con el fin de lograr la evacuación y recaudación de los elementos probatorios, añadió.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto 25000232600020080017902 (46255), jul. 4/13, C. P. Mauricio Fajardo Gómez)