Una acción pública de inconstitucionalidad busca la inexequibilidad del artículo 532 (ámbito de aplicación del trámite de insolvencia) de la Ley 1564 del 2020, por desconocer, supuestamente, la Constitución Política. Esta normativa  textualmente contempla que “los procedimientos contemplados en el presente título solo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes”. Según el concepto del demandante, el artículo 532, al ser interpretado bajo los lineamientos del Código de Comercio, está vulnerando el acceso a la justicia de los ciudadanos, personas naturales no comerciantes, al momento de querer reorganizar sus deudas.