Tanto el defensor como el comisario de familia están facultados para adelantar las acciones tendientes al restablecimiento de los derechos de los menores que han participado siendo víctimas o victimarios en los casos de convivencia escolar, precisó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si bien la Ley 1620 del 2013, por la cual se creó un sistema de convivencia y formación para combatir el “matoneo”, le otorgó competencia a los comisarios de familia para conocer de los casos de convivencia escolar, no puede desconocerse que, de acuerdo con la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), los defensores de familia cuentan con dicha competencia de restablecimiento, además de ser las principales autoridades llamadas a garantizar los derechos de los menores de edad, ya que sus funciones están dirigidas a la protección integral de los mismos, explicó la entidad.